Cada 30 de agosto desde 2011 se conmemora el "Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas". México ocupa en este rubro un vergonzoso segundo lugar mundial, únicamente después de Irak.
Los prolongados patrones de impunidad existentes en nuestro país han tenido como consecuencia que más de 110 mil personas hayan desaparecido desde 1965 hasta la actualidad.
Este dato podría ser corto si tomamos en cuenta que en la época de la guerra sucia, los gobiernos solían maquillar las cifras. Aun así, más del 90% de las desapariciones forzadas se registraron a partir del sexenio de Felipe Calderón y su guerra híbrida contra el narco, continuando con un crecimiento exponencial en las administraciones posteriores.
El miércoles pasado, en varias ciudades de nuestro país, salieron a marchar las otras víctimas: aquellas que siguen entre nosotros. Madres, padres, hijas e hijos que incansablemente realizan el trabajo que las autoridades no saben o no quieren hacer.
Buscan las 24 horas de los 364 días del año por el resto de sus vidas; solo se detienen cada 30 de agosto para recordarle a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes que 110 mil personas siguen siendo parte de una cifra oscura, que aún no han vuelto a casa y que la justicia es una falacia, sobre todo en México.
A partir del día siguiente, el 31 de agosto, el rutinario infierno regresa: vivir sin estar vivo, buscar con apenas un hilo de esperanza. Paradójicamente, encontrar a un familiar muerto puede devolver la paz a sus corazones.
Por todo esto, urge que inicie operaciones el Banco Nacional de Datos Forenses. Solo así el camino sería menos sinuoso.
