El presidente Andrés Manuel López Obrador se prepara para presentar una propuesta audaz el 5 de febrero: la eliminación de todos los organismos autónomos de México. Esta medida, que forma parte de un paquete de reformas más amplio, responde a la percepción del presidente de que dichos organismos han fallado, calificándolos de una "farsa" y acusándolos de proteger intereses privados por encima del bien público.
La propuesta surge en un contexto de vigilancia intensificada sobre operaciones como la venta de plantas de Iberdrola al gobierno federal, que serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha anunciado que examinará de cerca estas transacciones, lo que ha provocado una respuesta directa del presidente.
López Obrador argumenta que los organismos autónomos, creados durante lo que él llama el "periodo neoliberal" de 36 años, han priorizado lo privado en detrimento de lo público. Su visión incluye una crítica a la falta de revisión de monopolios privados en sectores como cemento, comunicaciones y bancos, mientras que se ejerce un escrutinio estricto sobre empresas públicas como Mexicana de Aviación y la CFE.
Esta propuesta de reforma ha dividido opiniones, incluso dentro del partido gobernante, Morena. Mientras algunos apoyan la revisión de los organismos, otros, como el diputado Juan Ramiro Robledo, advierten contra una eliminación total, señalando la importancia de ciertas instituciones como el Banco de México, el INE y el Inegi.
Partidos de la oposición, como el PRI y el PRD, han expresado su rechazo a estas iniciativas, sugiriendo que no prosperarán. Sin embargo, la determinación del presidente y su partido sugiere un debate intenso y posiblemente transformador sobre el futuro de la autonomía institucional en México.
