El asalto a la embajada de México en Quito por parte de la policía ecuatoriana, además de haber despertado una ola de condenas internacionales, también planteó serias consecuencias para Ecuador. La irrupción en la sede diplomática, calificada como un evento sin precedentes, podría acarrear desde multas hasta sanciones diplomáticas para el país andino.
Ante esta situación, se anticipa una denuncia por parte de México contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con posibles sanciones monetarias o restricciones en organismos multilaterales. La defensa de Ecuador probablemente se centrará en la clasificación del refugiado, argumentando que la embajada acogió a un criminal común.
El incidente también trae consigo repercusiones económicas significativas, incluyendo la pausa en las negociaciones para un tratado de libre comercio entre México y Ecuador. Este tratado es crucial para la incorporación de Ecuador a la Alianza del Pacífico, lo que ampliaría su acceso al mercado asiático.
La reacción internacional varía, con gobiernos de distintas inclinaciones políticas condenando el asalto, mientras que otros, como Nicaragua, han tomado medidas extremas como romper relaciones diplomáticas con Ecuador.
Este hecho difunde la imagen de un Ecuador que no respeta la soberanía de los acuerdos diplomáticos, en una época fundamentalmente basada en la diplomacia. Cabe mencionar que esta situación podría complicar la cooperación internacional en áreas clave como la lucha contra el narcotráfico.
El contexto en el que se produce este asalto, justo antes de una consulta popular en Ecuador para otorgar mayores facultades a la fuerza pública, sugiere un momento crítico para la política interna y la seguridad del país. La manera en que Ecuador maneje las repercusiones de este incidente determinará su posición en el escenario internacional y su capacidad para mantener relaciones diplomáticas saludables con sus aliados, así como sus futuras acciones dentro de este panorama.
