El desarrollo del proyecto ferroviario en Sonora, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ha desatado un debate sobre sus repercusiones ambientales y su comparación con proyectos polémicos como el "Tren Maya".
Aunque aún no se han presentado estudios de impacto ambiental, la construcción avanza, generando preocupación entre los habitantes locales y grupos ambientalistas. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, admitió la falta de estudios ambientales, justificando la iniciativa argumentando mejoras en el tráfico de contenedores.
Sin embargo, el proyecto amenaza áreas naturales sensibles como el rancho Aribabi, designado como Área Natural Protegida, y la localidad de Imuris, planteando riesgos para la vida silvestre, incluyendo especies como osos negros y jaguares.
El presidente ha recurrido al ejército para construir sus proyectos, tal es el caso conferido a la SEDENA, permitiéndoles eludir regulaciones ambientales y evadir la transparencia en la divulgación de información sobre el proyecto.
Los reclamos por falta de comunicación oficial, consulta y evaluación ambiental han sido constantes. Los residentes afirman que la obra se está llevando a cabo sin su consentimiento y que las ofertas de compra de terrenos han sido a precios muy bajos. Además, señalan que el trazado del proyecto interfiere con sistemas de riego agrícola y pone en riesgo el suministro de agua para miles de habitantes.
La controversia en torno al proyecto de SEDENA en Sonora resalta la necesidad de un análisis detallado de impacto ambiental y una participación activa de la comunidad en decisiones que afectan su entorno.
La preservación de áreas naturales y la protección de la vida silvestre deberían ser prioridades fundamentales en cualquier desarrollo de infraestructura a gran escala.
