La promulgación de la Ley SB4 en Texas ha generado un intenso debate sobre las políticas migratorias en la región fronteriza. Esta nueva legislación, firmada por el gobernador republicano Gregg Abbott, permite a las fuerzas del orden estatal detener y deportar a presuntas personas migrantes, sin seguir el debido proceso legal, con el argumento de combatir la inmigración ilegal.
La medida ha suscitado preocupación y críticas tanto a nivel nacional como internacional. Abbott defendió esta ley, acusando al gobierno de López Obrador en México de contribuir al problema migratorio en EE. UU. al permitir la migración sin control hacia Texas.
La implementación de la Ley SB4 está programada para marzo del próximo año y busca reducir significativamente la llegada de migrantes a Texas.
Se espera que esta legislación tenga un impacto directo en la deportación de individuos sin el debido proceso legal, lo que ha generado preocupación por posibles violaciones de derechos humanos.
Ante esta situación, la Unión Nacional de Libertades Civiles (Aclu) ha anunciado planes de presentar una demanda contra la Ley SB4, argumentando que vulnera los derechos de los solicitantes de asilo, tanto a nivel nacional como internacional.
El gobernador Abbott, por su parte, ha mostrado disposición a enfrentar las demandas en los tribunales, incluso hasta la Suprema Corte de Justicia, aunque existe un precedente legal que cuestiona la constitucionalidad de medidas similares en el pasado.
Además de la Ley SB4, Abbott también promulgó la Ley SB3, asignando fondos millonarios para la continuación del muro en la frontera con México y la construcción de barreras adicionales. Provocando reacciones divididas, con legisladores demócratas instando al Departamento de Justicia a tomar medidas legales contra Texas por lo que consideran una ley inconstitucional.
