El Plan B de la reforma electoral es ya un hecho, luego de que la madrugada de este jueves fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El paquete de modificaciones entrará en vigor el 3 de marzo, a pesar de que sus disposiciones no serán aplicables ni para las elecciones de Coahuila ni para las del Estado de México.
Se verán afectadas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con cambios y derogaciones que han causado polémica. Además, se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Que el Plan B haya sido ya publicado en el DOF significa también que se ha dado luz verde a que avancen las impugnaciones en su contra frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
¿Qué propone el plan B de la reforma electoral?
Uno de los puntos más polémicos de la reforma constitucional fue la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) a partir del Instituto Nacional Electoral (INE). Y aunque el INE no desaparece, sí que se reducirá su capacidad para instalar casillas necesarias en las elecciones de 2024.
El Plan B también considera la eliminación de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, lo cual podría poner en riesgo la posibilidad de organizar elecciones eficientes e íntegras, según señala el Consejero Electoral Jaime Rivera. En adición, se obliga a que los consejeros del INE ganen menos que el presidente de la República.
Las modificaciones ya especificadas en el Diario Oficial hablan también acerca de que los partidos pueden usar los remanentes de sus recursos tanto públicos como privados en siguientes ejercicios fiscales. Se considera, además, que la autoridad electoral no puede intervenir en la elección de líderes de partidos.
Parece que sobran las razones por las cuales el rechazo ante el plan B no hace más que crecer, de manera muy particular, Luis Carlos Ugalde, ex presidente del INE, señala que con las modificaciones al proceso electoral no se garantizará el conteo certero de los votos y habrá riesgo de paquetes electorales perdidos. Y, por supuesto, consejeros y otros funcionarios se han pronunciado al respecto.