La Comisión de Puntos Constitucionales, cuya labor es supervisar "la pluralidad democrática y el acuerdo político en los cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", aprobó el dictamen a la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aspira a desaparecer siete organismos autónomos bajo el lema de la "austeridad republicana", pues el eje central de esta reforma apunta a ahorrar recursos y eliminar la corrupción sistemática, y sería la Administración Pública Federal quien absorbería las responsabilidades particulares.
Los organismos a desaparecer son: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Los recursos previamente asignados a estas dependencias se redirigirían al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Tras la discusión en la comisión, ahora debe ser votado por el Pleno tanto de la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, y obtener mayoría calificada; es decir, dos terceras partes: 334 diputados de los 500 y 86 de los 128 senadores. Cabe destacar que, además de esta iniciativa, otras 15 están a la espera de ser votadas.
El 15 de agosto se estableció como la fecha en la que iniciaría el análisis del proyecto; sin embargo, dada la importancia del tema, se prevé que las discusiones comenzarán el 1 de agosto.
•1 de agosto: apoyo a jóvenes, pensión de retiro, salarios y vivienda para trabajadores, agua, alimentos, protección al medioambiente, atención médica y bienestar, protección a la salud y protección y cuidado animal.
•2 de agosto: vías y transporte ferroviario y austeridad y percepciones de servidores públicos.
•9 de agosto: pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
•13 de agosto: prisión preventiva oficiosa.
•14 de agosto: áreas y empresas estratégicas bajo tutela del Estado.
•15 de agosto: reforma al Poder Judicial, así como la calendarización para el análisis y aprobación de iniciativas de reformas en materia electoral y sobre la Guardia Nacional.
Una vez aprobadas las reformas por el Congreso de la Unión, un resultado que pareciera inevitable a estas alturas, tendrá un año, a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar algún cambio a dichas reformas constitucionales, de acuerdo a las necesidades y adecuaciones que vayan surgiendo en el camino.
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Daniel Martínez del Campo
