Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha causado revuelo con su reciente registro como precandidata de Movimiento Ciudadano (MC) para la alcaldía de Monterrey. Su decisión se destaca por el hecho de que Rodríguez, sin experiencia previa en administración gubernamental o legislativa, continúa ejerciendo un cargo honorario en una institución pública, "Amar a Nuevo León", que recibe recursos del estado.
Esta dualidad de roles coloca a Rodríguez en una posición delicada respecto a la ley electoral. Aunque su cargo no es gubernamental en el sentido estricto, dispone de una oficina y recursos dentro del Palacio de Gobierno. Este cargo, creado específicamente para ella en 2021, la sitúa orgánicamente bajo la supervisión directa de su esposo, el gobernador García.
En su rol en "Amar a Nuevo León", Rodríguez coordina un gabinete especial que incluye la dirección de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) estatal, entre otras dependencias enfocadas en problemáticas familiares y grupos vulnerables. A pesar de su participación en el gobierno, Rodríguez también aparece en el directorio oficial como funcionaria, lo que complica aún más su situación al mantener simultáneamente su precandidatura.
Conocida por su popularidad como empresaria e influencer, Rodríguez ha mostrado su labor en "Amar a Nuevo León" a través de sus redes sociales, incluyendo tareas como la gestión de albergues de adopción del DIF, atención a niños con discapacidad y otras iniciativas sociales.
Este caso único en el ámbito político mexicano plantea interrogantes sobre la delimitación entre los roles de servidor público y candidato. Mientras que otros funcionarios, como diputados y senadores, pueden buscar la reelección sin renunciar a sus cargos, el caso de Rodríguez es notable por el uso de infraestructura gubernamental en su precandidatura.
La situación de Rodríguez y su esposo, el gobernador García, quien también fue precandidato de MC, resalta las complejidades y desafíos de la normativa electoral en México, especialmente en casos donde los límites entre lo público y lo político se tornan difusos.
