La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, anunció que desde 2021 se investiga al consorcio Latinus por lavado de dinero y corrupción. La investigación se inició tras alertas de bancos sobre movimientos financieros inusuales entre las cinco empresas que conforman el consorcio.
Latinus, mediante firmas instrumentales, ha recibido más de 2,437 millones de pesos de los gobiernos de seis estados entre 2019 y 2024. Estos fondos, provenientes de contratos para servicios médicos y de salud, se desviaron a través de una compleja trama de triangulación financiera.
Desde su creación, Latinus ha mantenido opacidad sobre sus propietarios y el origen de su financiamiento. En 2021, una investigación periodística reveló que detrás del canal están figuras como Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, vinculados a Roberto Madrazo Pintado, exgobernador de Tabasco.
En lugar de aclarar sus finanzas, Latinus y su locutor principal se declararon víctimas de persecución política. Sin embargo, Roberto Madrazo confirmó públicamente que su familia es fundadora y accionista del medio, lo que desacreditó las acusaciones de persecución.
La opinión pública debe evaluar los méritos de Latinus como medio de comunicación, separando esta valoración de la evidencia de que sus dueños están involucrados en lavado de dinero. El desfalco de recursos destinados a la salud agrava la situación, ya que afecta directamente a la población.
Es crucial establecer responsabilidades legales y frenar el desvío de fondos públicos. La investigación debe esclarecer los hechos y garantizar que los recursos destinados a la salud se utilicen correctamente, protegiendo así los intereses y la salud de la ciudadanía.
