Claudia Sheinbaum, quien se perfila como la próxima presidenta electa de México, presentó su plan para una reforma judicial, parte de su proyecto "100 pasos para la transformación". Esta iniciativa es considerada esencial para contrarrestar la desconfianza general hacia el sistema judicial en los niveles federal y estatal del país.
La propuesta de Sheinbaum apunta a una reestructuración fundamental de los cimientos del sistema de justicia, orientada a satisfacer las demandas y expectativas del pueblo mexicano. Esta urgencia de renovación surge de las experiencias y testimonios de víctimas, expertos y activistas, quienes han evidenciado las falencias del sistema vigente.
El plan de Sheinbaum para el Poder Judicial contempla una serie de medidas transformadoras destinadas a renovar la administración de justicia en México. Estos cambios pretenden asegurar la autonomía, independencia y especialización técnica del sistema, segregando funcional y estructuralmente ciertos entes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las propuestas incluyen:
- Elección democrática: Implementación de un proceso de elección directa y secreta por los ciudadanos para los ministros de la SCJN, magistrados de circuito y jueces de distrito.
- Órgano de administración autónomo: Establecimiento de una entidad independiente para la gestión del Poder Judicial de la Federación, distinta de la SCJN.
- Tribunal disciplinario: Creación de un Tribunal de Disciplina Judicial responsable de investigar y sancionar comportamientos ilegales o inapropiados dentro del Poder Judicial.
- Nuevo modelo operativo: Desarrollo de una reingeniería operativa que adopte estándares nacionales enfocados en los derechos humanos para fiscalías y defensorías públicas.
- Justicia alternativa: Instauración de un sistema de justicia cívica y alternativa con estatus constitucional para descomprimir el sistema penal.
- Responsabilidad legal: Intensificación de la responsabilidad profesional en el campo de la abogacía para fomentar la legalidad y la justicia social.
Estas reformas buscan elevar la percepción de la justicia en México, con el objetivo de incrementar la confianza en el sistema judicial del 44.5% actual a un 60% en el transcurso del próximo sexenio. Esta reforma es una prioridad para la administración de Sheinbaum, quien insta a la próxima legislatura a debatir estos cambios de manera transparente con la sociedad civil y especialistas.