Con la nueva configuración del Congreso, que inicia funciones el próximo 1 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador busca insuflar nueva vida a su ambicioso plan de reestructuración judicial, en una carrera contra el tiempo que marca los últimos meses de su administración, culminando en octubre.
Durante su mandato, López Obrador experimentó numerosos roces con el Poder Judicial, conflictos que se han intensificado recientemente con el rechazo de la Suprema Corte de Justicia a varios intentos de reforma promovidos desde el Ejecutivo. Sin embargo, la reciente renovación del Congreso presenta una oportunidad dorada para López Obrador, permitiéndole potencialmente avanzar en su agenda legislativa.
Las urnas han sonreído al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), otorgándole una mayoría que podría ser decisiva para la aprobación de cambios constitucionales sustanciales. Entre las propuestas más destacadas figura la elección de los ministros de la Corte Suprema mediante voto popular, un cambio que requeriría una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso.
Hasta ahora, Morena carecía del respaldo necesario para llevar a cabo estas reformas. No obstante, el resultado de las elecciones más recientes fortaleció la posición del partido y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, asegurándoles más de dos tercios de los escaños en la Cámara de Diputados y acercándolos a la mayoría requerida en el Senado.
El presidente anunció que discutirá estas iniciativas con Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, para identificar cuáles podrían ser impulsadas antes de la conclusión de su mandato. López Obrador ha reiterado más de una vez la necesidad de un Poder Judicial que sirva genuinamente al pueblo y no a intereses minoritarios o corruptos.
En respuesta, la Suprema Corte ha llamado a un diálogo franco y constructivo, especialmente ahora que Sheinbaum se prepara para asumir la presidencia. La calidad y el resultado de estas conversaciones serán cruciales para definir el futuro de las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial en México.
