El gobierno de Texas, bajo el liderazgo del gobernador republicano, había colocado un cerco de boyas con púas a lo largo del Río Grande o Río Bravo, que sirve como frontera natural entre México y Estados Unidos, con la intención de impedir el ingreso de inmigrantes.
Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al estado de Texas de violar las leyes federales y los compromisos internacionales con México. El juez federal David Ezra ha emitido una orden que requiere que el gobierno de Texas retire todas las boyas, pero además ha dictaminado que el gobernador republicano debe evitar emplazamientos similares en la frontera con México mientras se lleva a cabo el proceso legal que el Departamento de Justicia ha iniciado contra Texas.
Esta medida busca prevenir futuras acciones que puedan violar los acuerdos y leyes internacionales.
"La conducta de Texas daña irreparablemente la seguridad pública, la navegación y las operaciones de agencias federales alrededor del Río Grande ", explicó el juez
La batalla legal comenzó el pasado 24 de julio cuando el Departamento de Justicia demandó al gobernador de Texas, argumentando que las obstrucciones en el Río Bravo violaban la Ley de Ríos y Puentes, así como los acuerdos internacionales entre Estados Unidos y México.
Aunque la canciller mexicana Alicia Bárcena había solicitado anteriormente la remoción de las boyas durante una visita a Washington, la administración Biden había optado por esperar a que el proceso legal siguiera su curso.
La decisión preliminar del juez Ezra de retirar todas las boyas antes del 15 de septiembre del Río Grande ha sido recibida con aplausos por parte de legisladores de estados fronterizos. Sin embargo insisten en que se necesita una solución legislativa a largo plazo para evitar futuras acciones similares por parte del gobernador republicano de Texas.
