A lo largo de su historia posrevolucionaria, México estuvo dominado por una estructura de gobierno que el célebre autor Mario Vargas Llosa una vez denominó la "dictadura perfecta". Esta era una referencia al control ejercido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que mantuvo el poder de manera ininterrumpida desde su creación en 1929 hasta el cambio de milenio.
El dominio del PRI estuvo marcado por un control casi total del aparato estatal y electoral, lo que efectivamente limitaba la competencia política a un juego de apariencias donde la oposición tenía escasas oportunidades de éxito. La gobernanza se caracterizaba por redes de clientelismo y manipulación electoral, que aseguraban la continuidad del partido en el poder.
La transición de México hacia un sistema democrático fue un proceso largo y multifacético, enfocado principalmente en la implementación de reformas institucionales destinadas a garantizar elecciones competitivas y la legitimidad de los resultados electorales. Las reformas electorales iniciadas en 1977 jugaron un papel crucial en este proceso, facilitando la creación y registro de nuevos partidos políticos y asignando equitativamente tiempos en medios de comunicación.
Un evento significativo en este proceso fue la elección presidencial de 1988, conocida por la "caída del sistema" durante el conteo de votos, un incidente que expuso la fragilidad del régimen autoritario. Este suceso condujo a la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990, diseñado para supervisar las elecciones de manera independiente, aunque inicialmente todavía influenciado por el gobierno.
Las reformas de 1996 fortalecieron la autonomía del IFE, eliminando la interferencia gubernamental en los procesos electorales y estableciendo reglas claras sobre financiamiento y propaganda electoral, lo que contribuyó a la equidad en la competencia política.
En 2007, se introdujeron reformas adicionales que prohibieron la compra de espacios en medios y la publicidad gubernamental durante las campañas, nivelando el campo de juego para todos los partidos políticos. En 2014, el IFE se transformó en el Instituto Nacional Electoral (INE), ampliando su alcance a las elecciones estatales y fortaleciendo su independencia.
Además, las reformas al Poder Judicial en 1995 y la creación de organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) han sido fundamentales para fortalecer la democracia, asegurando la protección de los derechos humanos y la transparencia gubernamental.