El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, sancionó este jueves a 16 funcionarios venezolanos, incluida Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta de la Corte Suprema, acusados de “fraude electoral” y de reprimir a la oposición en un intento de aferrarse al poder por la fuerza. Antony Blinken, secretario de Estado, afirmó que las medidas buscan responsabilizar al presidente Nicolás Maduro y a sus aliados por obstruir las elecciones y violar derechos humanos.
“El régimen, en lugar de respetar la voluntad popular, se ha adjudicado falsamente la victoria, utilizando tácticas de intimidación contra la oposición democrática”, señala el comunicado. Los sancionados incluyen figuras de la autoridad electoral, el Tribunal Supremo, la asamblea nacional afiliada a Maduro, militares y miembros de los servicios de inteligencia. Entre ellos se encuentran Rosalba Gil Pacheco, rectora del Consejo Nacional Electoral, y Domingo Antonio Hernández Lárez, tercero al mando de las fuerzas armadas.
Las sanciones incluyen la congelación de bienes en EE. UU. y la prohibición de realizar transacciones con personas o empresas estadounidenses. Además, el Departamento de Estado ha impuesto nuevas restricciones de visa. Washington acusa al gobierno venezolano de usar tácticas intimidatorias, como la orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, quien se vio obligado a solicitar asilo en España tras actuar en representación de la inhabilitada líder opositora María Corina Machado.
Venezuela rechaza las sanciones
En respuesta, Venezuela condenó enérgicamente las sanciones, calificándolas como un “acto grosero de agresión” por parte de Estados Unidos para favorecer a una clase política opositora. La proclamación de la reelección de Maduro, que desató protestas con un saldo de 27 muertos, 200 heridos y más de 2,400 detenidos, fue defendida por el gobierno como un ejercicio democrático.
Estados Unidos ha impuesto en varias ocasiones sanciones a funcionarios venezolanos, incluidos miembros del gobierno de Maduro acusados de narcotráfico. Aunque recientemente reimpuso algunas medidas sobre los sectores petrolero y de gas, también ha otorgado licencias específicas a empresas como Chevron y Repsol. Sin embargo, persisten voces en Washington que piden sanciones más estrictas para cortar el financiamiento del régimen de Maduro.
