La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que prohíbe el cultivo de maíz transgénico en México, aunque permitirá la importación de maíz quebrado con fines no relacionados al consumo humano. Esta medida forma parte de las iniciativas del Plan C impulsado por el Ejecutivo, que también contempla el derecho a una alimentación sana y el acceso al agua para consumo doméstico.
Durante la sesión, Morena introdujo excepciones a la prohibición de concesiones para minería a cielo abierto y fractura hidráulica, argumentando que, en casos estratégicos para el desarrollo nacional, el Ejecutivo federal podría autorizar estas prácticas mediante un comité especializado.
La reforma argumenta que el maíz, considerado un "elemento de identidad nacional", así como un alimento básico, deberá estar libre de cultivos genéticamente modificados. Asimismo, se prioriza su manejo agroecológico para garantizar su pureza y sostenibilidad.
En cuanto al agua, la reforma establece que no se otorgarán concesiones en zonas con baja disponibilidad del líquido, y se dará preferencia a su uso personal y doméstico en las asignaciones de recursos hídricos.
Con estas modificaciones, el objetivo es proteger tanto la biodiversidad del maíz mexicano como asegurar el acceso equitativo al agua, dada la importancia de ambos recursos para el país.
