Durante un encuentro con medios en Zihuatanejo, Guerrero, Claudia Sheinbaum, abanderada de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", desglosó una serie de iniciativas destinadas a fortalecer la lucha contra la extorsión tanto en Guerrero como en el ámbito nacional. En el marco de la rueda de prensa, la candidata enfatizó la urgencia de catalogar la extorsión como un delito de gravedad y de establecer un sistema más accesible para que las víctimas puedan realizar denuncias de manera anónima.
Sheinbaum señaló la deficiencia actual en el tratamiento legal de la extorsión, que no está clasificada como delito grave, obstaculizando así su persecución efectiva. Propuso la implementación de un mecanismo que permita a las víctimas informar del delito directamente a organismos como la Guardia Nacional o la policía local, evitando el proceso burocrático de la Fiscalía. Esta medida pretende proteger a las víctimas y agilizar las investigaciones y las detenciones correspondientes.
La estrategia de seguridad delineada por Sheinbaum no solo se centra en las sanciones, sino que también aborda las raíces de la violencia con programas de apoyo dirigidos a los jóvenes y esfuerzos por disminuir la impunidad a través de reformas judiciales.
En otro tenor, la candidata resaltó una reciente reforma pensionaria que asegura una jubilación digna para los trabajadores, demostrando su iniciativa por recuperar los derechos laborales y la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, mismos que han mermado significativamente en las últimas ocho décadas.
Confidente en su posicionamiento electoral, Sheinbaum mencionó encuestas que la sitúan con una ventaja de 20 a 30 puntos sobre sus contrincantes. Adicionalmente, destacó proyectos infraestructurales importantes para Guerrero, incluyendo la construcción de dos importantes carreteras que prometen potenciar la conectividad y el desarrollo regional.
Al finalizar su discurso, Sheinbaum refrendó su compromiso con el pueblo mexicano, recordando la necesidad de un gobierno enfocado en la justicia social, el desarrollo económico y la mejora general de la calidad de vida. Con estas propuestas, busca cimentar una administración que atienda eficazmente las necesidades ciudadanas y fortalezca el estado de derecho en el país.
Daniel Martínez del Campo
